A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la memoria no se agota en una efeméride ni se limita a un ejercicio conmemorativo. La categoría se mantiene como una discusión abierta del presente, atravesada por tensiones políticas, discursos negacionistas y disputas concretas sobre el sentido de la historia reciente en la Argentina.
En ese marco, sostener que fue genocidio y que son 30.000 desaparecidos y desaparecidas no funciona como una consigna aislada ni como una repetición automática. Se trata de una definición política e histórica frente a los intentos de relativizar el terrorismo de Estado y de correr los límites de lo que una sociedad democrática está dispuesta a discutir.
El periodismo forma parte de esa historia como un actor que también fue blanco de la represión. Durante la dictadura cívico-militar hubo censura sistemática, persecución ideológica y trabajadores y trabajadoras de prensa desaparecidos por informar, investigar y sostener miradas críticas en un contexto donde decir tenía consecuencias.
Esa violencia no solo buscó disciplinar a la sociedad en su conjunto, sino que también apuntó a controlar la circulación de la información, a definir qué podía decirse y qué debía permanecer oculto. El silenciamiento del periodismo fue una pieza clave del funcionamiento del terrorismo de Estado.
Por eso, cuando se recuerda a las y los periodistas desaparecidos, no se trata únicamente de un gesto hacia el pasado. Es una forma de inscribir en el presente la relación entre comunicación y democracia, porque el derecho a la información y la libertad de expresión no son garantías abstractas: son condiciones concretas que deben sostenerse todos los días.
La comunicación es una herramienta de transformación que puede ampliar o restringir el debate público, visibilizar conflictos o esconderlos. No es un terreno neutral ni un simple canal de transmisión; es una palanca para aportar a la construcción de una sociedad más democrática o, por el contrario, habilitar retrocesos.
En tiempos donde resurgen posiciones que cuestionan consensos básicos construidos que costaron miles de vidas, el ejercicio del periodismo con responsabilidad implica no correrse hacia una supuesta neutralidad que iguale todas las voces. El desafío es marcar límites claros frente a la apología del terrorismo de Estado y el negacionismo.
A medio siglo del golpe genocida, la memoria es una condición necesaria para la vida democrática y para el propio trabajo periodístico. Recordar, registrar y contar lo ocurrido también es una forma de intervenir en el presente. La apuesta es construir voces que entiendan a la comunicación como parte de esa trama donde memoria y democracia se sostienen, se discuten y se proyectan hacia el futuro.