El gobierno de Javier Milei y su apertura de importaciones trajo un sinfín de problemas para la ya debilitada industria local. Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en la provincia de Buenos Aires cerraron más de 5.800 empresas y se perdieron más de 79.000 puestos de trabajo. El caso de Fate se convirtió en un símbolo de la crisis económica bajo el gobierno nacional, y también en un conflicto social sin resolver en donde los límites del Estado provincial quedaron al descubierto.
La importante fábrica de neumáticos no es solamente un número más de las tantas que cerraron, sino que se convirtió en un símbolo social de esta época. Una empresa por demás conocida, que llegó a tener publicidad en las camisetas de Boca y River a principios de los 90, por ser parte central del entramado productivo mediano de la provincia de Buenos Aires, por tener un sindicato no alineado con la conducción de la CGT y por ser parte de uno de los empresarios más importantes de capitales nacionales, los Madanes Quintanilla, actualmente número 18 en el ranking de millonarios de la revista Forbes.
El cierre
Dos días previos al cierre, Alejandro Bercovich decía en su programa de C5N que la empresa bajaba sus persianas para siempre. Una gran parte de los trabajadores se hizo presente, decidieron tomar la planta y los techos en resguardo de sus puestos de trabajo. En cadena nacional se podía seguir el conflicto. En un escueto comunicado, la empresa decía que no podía competir con la importación china y que su producción se hacía inviable. También acusó al sindicato por sus reclamos y por un importante ausentismo por enfermedades laborales. La empresa, a su vez que criticaba al gobierno, daba a entender que los trabajadores se habían pasado tres pueblos.
Por su parte los trabajadores no hablan de cierre, sino de un lock out que consideran el “cierre” una extorsión de Madanes; advierten que la fábrica sigue energizada, viene una renovación tecnológica en algunos sectores y tienen 50 mil cubiertas de stock para vender. En el año 91 hubo una situación similar: la empresa volvió a abrir con menos personal y nuevas condiciones laborales.
El gobierno nacional atacó a la empresa por querer desestabilizarlo, por querer vivir de la teta del Estado y no querer competir en igualdad de condiciones en el mercado mundial. Fiel a su estilo, dijo mucho e hizo poco. En el mantra liberal, el Estado no tiene que intervenir: cada empresa es dueña de cerrar y sus trabajadores son libres de hacer Uber o Pedidos Ya.
El gobierno provincial, en principio, dejó actuar a la policía bonaerense dentro de la planta y, por la presión de los trabajadores, la retiró. Axel Kicillof, sus ministros y el conjunto del peronismo salieron a criticar al gobierno de Milei por su política económica. Los datos estaban a la vista: pérdida de empleo, cierres de fábricas y la caída del consumo, que promedia el 18% menos comparativamente con 2023. En el caso de Fate, la crítica al gobierno de Milei quedó en eso: una simple crítica. Desde el Ejecutivo provincial no tuvieron una respuesta concreta al cierre de la fábrica.
El hombre del aluminio y del caucho
Si Paolo Rocca es el hombre de hierro del país, Javier Madanes es del aluminio y el caucho, no solo por lo que produce, sino por esa capacidad de flexibilidad en su relación con la política y el Estado. La historia de los Madanes Quintanilla es parte de ese pequeño grupo llamado “burguesía nacional”. Su fundador, el tío, actual director, fue socio de José Ber Gelbard antes de que éste fuera ministro de Economía de Juan Domingo Perón en el 74. Bajo el gobierno del general Lanusse, consiguieron ganar la licitación de Aluar. Trama que quedó reflejada en el libro “El escándalo Aluar”, del diputado radical Hipólito Solari Yrigoyen, quien sufrió varios atentados de la Triple A y estuvo detenido-desaparecido en el 76.
Bajo la dictadura militar, fue parte de los empresarios que nacionalizaron su deuda, dejando al Estado una de 224 millones de dólares, como data el libro de Claudio Lozano “La Deuda Ilegítima”. En la revelación de los Panama Papers, figuraron varios integrantes del clan Madanes con sociedades offshore en Bahamas, Islas Vírgenes y Panamá. El periodista Horacio Verbitsky identificó al grupo Aluar dentro de las 25 empresas que más fugaron capitales durante el macrismo.
En la pandemia, no se privó de cobrar los ATP, aunque solo estuvieron un mes y medio sin trabajar en Fate. En tanto, la fortuna de Javier Madanes asciende a los 590 millones de dólares.
La resistencia
Los trabajadores no cuentan con parte de esa fortuna para vivir después de su despido. Lo que sí tienen son cuerpos rotos y una montaña de denuncias por enfermedades laborales. Los pedidos de mayores ritmos de producción para poder competir se transforman en hernias de disco.
Los trabajadores de Fate cuentan con una larga tradición de lucha contra la empresa. Durante el gobierno de Alberto Fernández, realizaron una importante huelga en las tres fábricas: Fate, Pirelli, Bridgestone, logrando romper el techo salarial impuesto por el entonces todopoderoso ministro Sergio Tomás Massa.
El cierre se encontró con una resistencia de trabajadores que llevaban años de experiencia en distintos conflictos. Los mismos ocuparon rápidamente la planta, el techo, e instalaron carpas en la puerta con sus familias. Emprendieron una fuerte campaña contra lo que llamaron un lock out patronal. Hicieron festivales, cortes de calle, marchas, presentaciones judiciales y proyectos de ley para la estatización provincial de la fábrica. También recibieron una importante solidaridad de distintos sectores que hoy enfrentan el ajuste de Milei.
Pero en el techo, resistiendo, quedan a la intemperie. Por un lado, la patronal mantiene su postura e insiste en el cierre de forma definitiva. El gobierno nacional es leal a sus principios, que en este caso sí les gustan: deja que la fábrica se cierre y a los trabajadores “libres” de ser desocupados. El SUTNA presentó un proyecto de ley para que la provincia se haga cargo de la planta y mantenga los puestos de trabajo. Una iniciativa de estatización provincial, en donde hoy el peronismo tiene mayoría en el Senado y primera minoría en Diputados, pero no lo trata.
También el sindicato y los trabajadores que siguen en la planta pidieron de distintas formas una reunión con el gobernador, que nunca fue contestada.
Por su parte, mientras el gobierno provincial sigue sin dar respuesta, la justicia se mueve. La Fiscalía de San Fernando, a cargo de Marcelo Fuenzalida, citó a 24 trabajadores acusados de atentado contra la propiedad privada. La Cámara de Apelaciones de San Isidro, que en principio había rechazado el pedido de desalojo por parte de la empresa, ahora dijo que las condiciones cambiaron, lo que habilita al juzgado interviniente a volver a evaluar la posibilidad de una orden de desalojo. Un nuevo escenario se abre y las posibilidades de un acción violenta de la mano de la policía bonaerense, transmitida en cadena nacional, podría ser una imagen difícil de digerir para el conjunto del peronismo.
Los trabajadores resisten, la empresa pide el desalojo, la justicia se mueve y el gobierno provincial puede quedar preso de su propia quietud.