En los grupos de Facebook de monotributistas la pregunta se repite cada semana: ¿alguien sabe qué obra social conviene elegir? La respuesta, cada vez más seguido, es que ninguna sirve. Lo que sí aparece rápido son mensajes y comentarios de promotores de empresas de medicina prepaga, ofreciendo planes que, consulta mediante, tienen una diferencia de al menos $100.000 por sobre el aporte mensual obligatorio. Es el primer síntoma visible de una crisis más honda: el derecho a la salud de una parte de los pequeños contribuyentes del país dejó de existir en los hechos, aunque siga existiendo en el papel.
Hasta fines del 2024, los monotributistas podían seleccionar una obra social de un listado con más de 200 prestadores. Pagaban la cuota que, junto a las cargas impositiva y previsional, compone el pago de monotributo, y con más o menos inconvenientes lograban acceder al menos al servicio más básico, el Plan Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE). En octubre de ese año, con el decreto 955/2024 dictado por el Gobierno Nacional (firmado por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, y el ministro de Salud, Mario Iván Lugones), esto cambió.
El decreto creó el “Registro de Agentes del Seguro de Salud para la Cobertura Médico Asistencial de Pequeños Contribuyentes” en el ámbito de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), y las obras sociales (y también prepagas) debieron inscribirse voluntariamente en este registro si deseaban afiliar monotributistas. Esto comenzó a regir desde el 1 de diciembre de ese año. De las 200 antes disponibles, quedan poco más de 48, una caída del 76%: ya casi ninguna quería recibir monotributistas. A su vez, mientras ese sector perdía la libre elección de obra social, las pocas obras sociales inscriptas en el Registro ganaron gracias al decreto la posibilidad de restringir el ingreso según la categoría del monotributo. Alegan que el valor del aporte es demasiado bajo, y en efecto, la mayor cantidad de monotributistas en Argentina se concentra en la categoría A, la más baja de todas y la que menos aporta.
Semejante cambio se hizo en medio de un shock de medidas antipopulares, y casi que habría pasado inadvertido si no fuera porque al menos un legislador expresó su rechazo. El diputado nacional de La Rioja, Ricardo Herrera, dijo en un proyecto de repudio que la medida ponía a la población de monotributistas en una “situación de extrema vulnerabilidad”. Pero al no ser una política retroactiva, la mayoría de los aportantes no se vio afectada.
El tiempo pasó y el empleo privado registrado ya acumula más de 400.000 puestos perdidos desde que asumió Milei, según la Secretaría de Trabajo. En el mismo período, el monotributo sumó más de 150.000 personas: cada vez más trabajadores en relación de dependencia pasaron a facturar, ya sea por precarización o pluriempleo. Y los que son solo monotributistas puros (el estimado es de 2. 200.000) ahora tienen muchas menos opciones para elegir. Por ejemplo: en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, dos de las obras sociales más solicitadas del sector -OSPE, de los petroleros, y OSECAC, de los empleados de comercio- abandonaron el listado y ya no aceptan nuevos afiliados monotributistas.
En el decreto 955/24 no se exigen criterios territoriales de cobertura. Del listado de Agentes del Seguro que aceptan Monotributistas, la mayoría brinda prestaciones en capitales de algunas provincias, la CABA y el Gran Buenos Aires, donde se concentra geográficamente una importante población de monotributistas. Bahía Blanca, Mar del Plata y Avellaneda son localidades con aparente cobertura. Pero el resto -incluida la capital de la provincia- carece de prestaciones efectivas. Quienes buscan cobertura, entonces, terminan siendo contactados por promotores de prepagas como SanCor Salud, Avalian o Medifé, que en muchos casos triangulan con otras obras sociales para poder garantizar el PMO.
En resumen
• Hasta 2024 cualquier monotributista podía elegir entre un universo mucho más amplio de obras sociales.
• La administración Milei creó un registro especial y sólo pueden recibir nuevos monotributistas las obras sociales que se inscriban: el listado oficial quedó reducido a poco más de 48 entidades.
• Aunque están habilitadas para afiliar monotributistas de todo el país, la mayoría concentra sus prestadores en CABA o el AMBA, dejando a muchos monotributistas bonaerenses con muy pocas alternativas reales de atención.
Monotributos, despidos y fuga de obras sociales
La monotributización de los trabajos no es novedad, y el crecimiento de esa población en la era Milei tampoco. La pérdida de empleos formales coincide temporalmente con la “fuga” de OS del listado: los aportes de trabajadores en relación de dependencia al sistema de obra social son mucho mayores y valorados por las OS que los de los monotributistas, definidos por el Poder Ejecutivo que actualiza el valor semestralmente según la variación del índice de inflación (IPC).
Uno Tres Cinco habló con una fuente del Ministerio de Salud bonaerense, un abogado especialista en salud, un trabajador de la Superintendencia de Servicios de Salud y una promotora de medicina prepaga. Y todos coincidieron en algo: las obras sociales sindicales están prácticamente quebradas. La misma CGT lo advirtió en abril de este año, en un informe lapidario pero interno (sin acceso para el público general) en el que afirman que el 78,5% del padrón “no aporta lo suficiente para poder financiar el acceso a las prestaciones requeridas por el PMO”.
Agregaron que “a la situación general de nuestros afiliados naturales, debemos soportar el agujero financiero que nos produjo y nos sigue produciendo la incorporación de monotributistas, cuyo aporte al sistema (alrededor de $20.000) es un 290% inferior al costo del PMO. (…) gran parte de los que ingresan al sistema por esta vía presentan una carga de enfermedad que supera al de nuestros afiliados de la actividad. Es decir que utilizan el régimen de monotributo al solo efecto de tener acceso al sistema de salud a precios irrisorios“. Y es que técnicamente las únicas otras dos opciones que quedan son el sistema de salud público o las prepagas. Y aun así…
“El 50% de personas que se atienden en hospitales públicos tiene cobertura“, afirman desde el ministerio de Salud de Axel Kicillof. Dicen que en el sistema público se llegan a atender personas con OSDE durante días mientras esperan una derivación. Y que “del más rico al más pobre terminan en el (Hospital de) Niños”, ya que aseguran que en ninguna clínica de La Plata hay guardias pediátricas nocturnas. En muchas oportunidades, aclaran, el hospital público no termina cobrando lo que debería.
Desde la cartera provincial apuntan que el problema tiene que ver con una política económica del gobierno nacional, no sanitaria. “Las políticas neoliberales atentan directamente contra el derecho a la salud” y esto se ve reflejado en que las obras sociales recaudan cada vez menos y tienen un costo de funcionamiento cada vez más alto.
Damián Alegre, abogado especialista en salud, describe el proceso de quita de cobertura de las obras sociales a los monotributistas de la siguiente manera: “Una vez que salió el decreto, todas las OS automáticamente dejaron de estar incluidas en el registro y se tuvieron que reempadronar. Primero lo hicieron solamente 17, después llegaron voluntariamente a 37 y en la actualidad hay 45, más o menos. Todos los meses hay altas y bajas. Hay que pensar que se redujo en casi un 80% la nómina de opciones de oferentes”.
Para el abogado, la poca motivación de las obras sociales de sumarse al listado es 100% una cuestión económica: si una persona en relación de dependencia tiene un sueldo bruto de 1,8 millones, más o menos va a derivar de obra social -entre aportes y contribuciones, el 3 y el 6%- el 9% del bruto, unos 160.000 pesos. “Un monotributista categoría A, B o C, que son las tres categorías más bajas, deriva 25.000 pesos”. Ese monto, explica Alegre, lo actualiza el poder ejecutivo (a través de ARCA) cada seis meses en base al IPC y junto a las recategorizaciones.
No hay plata
Mientras, el mismo Estado promovió recortes drásticos en la Superintendencia de Servicios de Salud y habilitó la desregulación del precio de los medicamentos, medida que podría explicar, en parte, la suba ininterrumpida del valor de las cuotas de prepagas. Esa desregulación no nació con el decreto 955: arrancó con el DNU 70/2023 y se profundizó en febrero del año siguiente con el Decreto 170/2024, que habilitó a los trabajadores en relación de dependencia a derivar sus aportes directamente a una prepaga desde el primer día de un nuevo empleo, en “libre competencia” con las obras sociales sindicales, algo que generó fuertes denuncias de parte de la CGT. Y terminó de consolidarse con el Decreto 102/2025, que eliminó la autorización estatal previa para los aumentos y solo exige a las empresas notificarlos con 30 días de anticipación.
Tras la liberación de tarifas, a fines de 2023 y principios de 2024, las cuotas sufrieron subas abruptas y muy por encima de la inflación general, lo que generó una ola de recursos de amparo de usuarios. Durante 2025 y lo que va de 2026, en cambio, los aumentos de las principales empresas -OSDE, Swiss Medical, Galeno, Medifé- se estabilizaron en un rango de entre el 2% y el 3% mensual, en línea con el índice de precios del INDEC.
Para Alegre, esa misma desregulación licuó el único ahorro que en teoría iba a generar sacar a las obras sociales de la cadena de pagos. Antes, cuando el aporte de un monotributista pasaba primero por una OS para llegar a una prepaga, esa OS se quedaba con un honorario reglamentado del 8% por triangular la derivación. “El problema es que ese dinero terminó siendo, entre comillas, compensado a favor de las prepagas cuando liberaron y desregularon el aumento del valor de las cuotas”. Es decir que sacaron al intermediario, pero la diferencia nunca bajó al bolsillo del afiliado: los aumentos lo absorbieron, a través de cuotas y también de copagos, y siguieron creciendo sin regulación.
Aunque habría información más certera si se conociera el desagregado de la facturación de las empresas: la resolución 1725/25 de la SSS obliga a las prepagas a mostrar el desagregado del valor de la cuota -la llamada “cuota transparente”- pero Alegre explica que esa apertura no se está llevando adelante. En concreto, lleva cinco prórrogas sistemáticamente concedidas por el gobierno. De conocerse de forma transparente cómo se cobra la cuota, el afiliado al menos podría saber si le están agregando ítems a determinado valor “por edad o preexistencias”.
Para el especialista en salud, la contradicción empieza por la propia función del monotributo en la Argentina contemporánea: “El concepto para el que fue creado era para que la persona pudiera crecer, progresar y en un futuro ser autónoma o una PYME. Pero la precarización lleva a que la persona asalariada también termine convirtiéndose en monotributista para poder cobrar un salario. Es un conflicto mucho más crudo y más profundo, donde el monotributo está saliendo a cubrir una falencia de la persona que no consigue trabajo y no tiene obra social y no se puede jubilar“.
En definitiva, para garantizar un acceso pleno al derecho a la salud nadie parece tener plata: ni el gobierno, ni las obras sociales ni las prepagas, ni los empleadores ni mucho menos los empleados precarizados a través del monotributo. La respuesta de fondo pareciera ser el salario. Un trabajador de la Superintendencia de Servicios de Salud asegura a Uno Tres Cinco que “la política de este gobierno es en contra de las obras sociales y en favor de las prepagas“. Respecto de las OS, “la cápita que reciben del monotributista es realmente muy poca” consecuencia del retraso salarial en general, algo que empuja a la mayoría a retirarse del listado para no volver.
Aun así, jurídicamente la OS puede afiliar y cobrar el aporte de un monotributista de cualquier punto del país sin que eso implique atender al afiliado donde vive. La obligación de cubrir el PMO, precisa el trabajador de la SSS, rige solo “si tienen ámbito de cobertura” en esa localidad: es decir si la obra social efectivamente presta servicios ahí. Pero una obra social sindical puede estar inscripta en el Registro, aceptar monotributistas de La Plata, Salta o Ushuaia, y tener toda su red de prestadores concentrada en CABA. Y no está incumpliendo nada, ya que la ley (o el decreto) no la obliga a desplegar esa red en todo el territorio. El resultado es que un afiliado puede elegir una OS del listado, pagar religiosamente su aporte durante meses y, al necesitar un turno, descubrir que no hay un solo prestador cerca. Esto empeora si se tiene en cuenta que, una vez elegida una OS, hay que sostenerla por 12 meses.
Uno Tres Cinco intentó comunicarse con la Superintendencia de Servicios de Salud a través de su área de prensa para consultar puntualmente este tema, pero no obtuvo respuesta.
La letra chica de las prepagas
Una productora de seguros que trabaja hace una década haciendo afiliaciones a prepagas ubica un quiebre del sistema no en el último año, sino en la pandemia. “Antes del 2020 era muy común que una persona se quedara años en una obra social o una prepaga”, cuenta. “Pero hoy hay una fluctuación de gente que va migrando cada año, mínimo“. Es que en el caso de las prepagas, “no hubo un aumento en cuanto a la cobertura médica ni se agregaron prestadores. Al contrario: se le sacaron beneficios a los afiliados”.
Explica que en el caso de muchas prepagas, aunque ahora el pago es directo hacia las empresas, éstas terminan triangulando con OS para garantizar el PMO de sus clientes. Por ejemplo “Avalian no puede recibir aportes del monotributo directamente”, por eso “tiene un convenio con OSDEPYM, que es la que le da el PMO”. Es decir: aunque ahora el aporte del monotributista lo cobra directamente la prepaga, quien garantiza la cobertura real —la cartilla, las prestaciones, el respaldo del plan más básico— sigue siendo la obra social. La persona figura afiliada a Avalian, pero si necesita dar el alta o hacer un trámite de cobertura, tiene que hacerlo a través de OSDEPYM. Cambia quién cobra; no cambia quién responde.
Y el costado más duro de lo que describe la productora tiene que ver con a quién termina excluyendo el sistema. A las personas con discapacidad, cuenta, “les cuesta muchísimo encontrar una obra social que les cubra lo que necesitan para ellos y sus hijos”. Lo mismo ocurre con los mayores de 60 años y con quienes atraviesan una enfermedad oncológica o preexistente: en esos casos, las obras sociales y prepagas “los van peloteando, peloteando, para no hacer la afiliación”.
Mientras una obra social está legalmente obligada a aceptar y cubrir al afiliado sin importar su edad o preexistencias, una prepaga puede cotizar -o directamente rechazar- según el riesgo de cada nuevo ingresante. En un mercado que, en los hechos, se está quedando sin oferta de obras sociales para la población laboralmente activa, ¿qué medidas se están tomando para reconocer y paliar esta situación? Muy pocas. Desde Provincia reconocen que “diálogo entre ministerios no hay”, ya que en Nación tienen “muy poca estructura y una extrema rotación de funcionarios”, por lo que “nunca se sabe con quién hay que hablar”. Desde Nación, en tanto, no respondieron a las consultas de este medio.
Mientras tanto, cada vez más los “nuevos monotributistas” se encuentran con la dificultad de no tener cobertura real. La moraleja que surge es simple: si un monotributista aún conserva su OS con cobertura, lo mejor que puede hacer es aferrarse a ella lo más fuerte que pueda. Porque si tiene que elegir y ninguna de las OS del listado brinda atención real en su territorio, las opciones serán muy limitadas: un sistema público colapsado o la insaciable salud prepaga.