La provincia de Buenos Aires, por su geografía, está rodeada de agua dulce para potabilizar: el Río de la Plata como principal caudal, junto con las cuencas de los ríos Luján, Reconquista y Matanza-Riachuelo. Pero la cercanía del agua dulce no garantiza que la población tenga acceso a ella.
Desde la llegada de Javier Milei al poder, se paralizaron todas las obras que estaban en marcha de AySA. Según el gobierno de la provincia de Buenos Aires, se paralizaron 138 en la red de agua y 155 cloacales.
El último censo nacional del año 2022 realizado por el INDEC, arrojó que el 39,5 % de las viviendas no cuenta con conexión a la red pública de cloacas. Esto significa que aproximadamente 7 millones de personas dependen de pozos ciegos, cámaras sépticas o sistemas precarios.
Con respecto al agua potable, el 23,3% de los hogares carece de acceso desde la red pública. Esto equivale a cerca de 4 millones de personas que deben abastecerse mediante perforaciones domiciliarias, bombas o pozos.
Entre los proyectos estratégicos paralizados más importantes destaca el río subterráneo en la zona sudoeste del Conurbano, una megaobra diseñada para conectar y abastecer de agua potable a más de 2,5 millones de habitantes en los municipios de Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Ezeiza y Quilmes.
En el Conurbano hay zonas críticas. Con respecto al agua potable, Malvinas Argentinas lidera el ranking con solo el 14% de conexión a la red. José C. Paz lo sigue con el 15%; después viene Ituzaingó con el 26%; Moreno con el 36%; Merlo con el 42%; Hurlingham con el 45%; y Ezeiza con el 49%. Estos son los municipios que no llegan al 50% de su población con chances de acceder al derecho.
La estadística con respecto a la conexión a la red cloacal es peor. Esta vez, José C. Paz ocupa el primer lugar y relega a la segunda posición a Malvinas Argentinas, con el 8% de su población conectada, mientras que José C. Paz tiene el 9%. Moreno tiene el 32%; Tigre el 34%; Ezeiza el 35%; Ituzaingó el 38%; Merlo el 39 %; Almirante Brown el 41 %; Florencio Varela el 46 %; Lomas de Zamora el 46 %; y Esteban Echeverría el 49 %. Estos son los municipios que tienen menos del 50% de su población conectada al servicio. Cerca de ese porcentaje se encuentran Hurlingham con el 55 %; Lanús, con el 57 % y La Matanza con el 58 % de la población con acceso a cloacas.
Lo que hay no es solamente una falta de servicio: es la ausencia de un derecho para millones de bonaerenses, que parte de una desigualdad en las condiciones de salubridad. El agua de pozo tiene distintos problemas. El más visible es el sarro, pero la existencia de pozos ciegos contamina las napas subterráneas donde se realizan las perforaciones, con lo cual, en muchos casos, también están contaminadas.
El plan de privatización
Con un manual calcado de los 90, el gobierno nacional de Javier Milei buscó generar malestar en torno a la gestión estatal de AySA, suspendiendo todas sus obras para que la idea de la privatización sea aceptada de mejor manera. Lo cierto es que las deficiencias en el servicio existen y no se van a solucionar con la venta. Lo que han demostrado las privatizaciones en la Argentina es que los servicios empeoran, al igual que la inversión y las condiciones de trabajo de sus empleados, mientras que las ganancias no quedan en las arcas del Estado, sino que quedan en pocas manos.
En mayo fue cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció, a través de la red social X, que se iba a licitar el 90% de las acciones. Hoy por hoy, dentro de la disputa quedan dos grandes grupos del llamado círculo rojo. Por un lado, está el Grupo Roggio, dueño de la constructora que hizo la autopista Rosario-Córdoba, de Emova y Metrovías, el subte de Buenos Aires, y que también participa en la recolección de residuos, Aguas Cordobesas, entre otros negocios.
Por el otro, está el consorcio que dirige Mauricio Filiberti, socio en la concesión de Edenor y Metrogas, junto a José Luis Manzano (quien se bajó de la disputa) y Daniel Vila. Con lo cual, podría tener acciones e incidencia en los tres servicios esenciales de la población: agua y cloacas, luz y gas.
Estas empresas no operan solas: tienen el apoyo de distintas firmas extranjeras, como la brasileña Arcos, en el caso de Filiberti, y la compañía Israelí Mekorot, en el caso de los Roggio. Esta ingresó al país durante el gobierno de Alberto Fernández y tiene múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos relacionadas con su participación en la gestión del agua en Cisjordania y Gaza, siendo señalada por organizaciones como parte de la crisis humanitaria que vive esa región. La casta empresarial de la que solía hablar el presidente es la que parece que se va a quedar con el negocio del agua.
Por su parte, la provincia de Buenos Aires planteó su oposición al plan de Nación y a la privatización. La la Defensoría del Pueblo bonaerense hizo distintas presentaciones judiciales para impedir que se lleve adelante la venta. Varias ONGs se han manifestado en contra y se presentaron declaraciones de repudio dentro de la Cámara de Senadores, de la mano de Fernando Coronel, senador del Frente Grande, y en la Cámara de Diputados, de parte de Christian Castillo, diputado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad.
También se le exige a Axel Kicillof la estatización provincial, como forma de impedir la privatización y de que el gobierno tome las riendas del servicio. Es un reclamo similar al que hacen los trabajadores de Fate. La intervención podría hacerse por intermedio de ABSA, en un modelo similar al que existe en muchas provincias.
Por ahora, el Gobernador no se manifestó en esa dirección. Su reciente reunión en Nueva York con Manzano, socio de Filiberti, no parece una señal en ese sentido.
La crisis social avanza en casi todos los planos en la provincia de Buenos Aires. El acceso al agua no es una cuestión menor, aunque puede quedar relegado frente a necesidades inmediatas como el salario, el trabajo, entre otras. Junto con las cloacas son parte estructural de las condiciones de vida de la población: mejoran o empeoran de forma considerable. Quienes no tienen estos servicios están expuestos a distintas enfermedades, virus y bacterias. Con lo cual, el acceso al este derecho es un problema de salud pública y de condiciones estructurales de vida de primer orden.