Cuando en 1990 el gobernador Antonio Cafiero mandó a confeccionar uno de los primeros planes sociales del país (el Programa Provincial de Emergencia de Empleo), en algún punto estaba adelantándose a las consecuencias que dejaría la ola neoliberal que hegemonizaba el mundo entrada la última década del siglo pasado.
La llegada de Menem al poder, el crecimiento del desempleo, el aumento de la pobreza y la marginalidad, así como el colapso de la convertibilidad en 2001, terminaron de fundamentar, en parte, la visión del histórico dirigente peronista.
La recuperación económica iniciada en 2002 y la década ganada kirchnerista no lograron revertir la tendencia a la precarización que se vivía en el mundo laboral. Incluso en sus mejores momentos, por ejemplo 2007, el trabajo no registrado no bajaba del 40% del total de la clase.
Esta cuestión fue motivo de debate entre el gobernador Axel Kicillof y el ahora diputado y entonces referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, en febrero de 2023. ¿Es posible recuperar el empleo formal en el actual estadío del capitalismo?, fue la pregunta que atravesó la discusión en el marco de la presentación del libro “Los peores”, escrito por el dirigente territorial. Para este último, prevalecía su hipótesis operativa por la cual si se proyectaba el crecimiento del PBI versus la generación del empleo que se venía generando, en los siguiente 20 años el problema estructural de la pobreza se iba a mantener inalterable o incluso peor. Para el mandatario bonaerense un ciclo industrialista a “lo Perón” alcanzaba para resolver el flagelo. Lo cierto, y más allá de las diferencias conceptuales, es que el escenario se fue agravando desde la crisis financiera de 2008 y la motosierra de Milei amenaza con empeorar todas las variables sociales.
Un ajuste histórico
Desde que se masificaron los planes sociales en 1996 nunca existió un recorte de la magnitud del anunciado por el Ministerio de Capital Humano, por el cual darán de baja en mayo unos 900 mil “Volver al Trabajo” (VAT). Se trata del programa de empleo derivado del viejo “Potenciar Trabajo”, el cual fue reconvertido durante los primeros meses de la gestión Milei, amparándose en un decreto que Sergio Massa firmó durante ocaso del gobierno de Alberto Fernández.
En sus “Bases de acción política y plataforma electoral nacional” de 2023, los libertarios se comprometieron a que la baja de los planes sociales se realizaría en una segunda etapa de gobierno ante una presunta expansión del empleo privado. Para ello, estructuraron el viejo Potenciar Trabajo bajo la lógica de la capacitación laboral a la espera de un brote masivo de fuentes laborales. Nada de eso pasó. En un año “capacitaron” a 80 personas sobre un total de 900 mil beneficiarios, mientras que en los dos años de gobierno de la Libertad Avanza se perdieron más de 300 mil puestos de trabajo.
Hace tres años que el salario de estos programas se encuentra congelado en $78 mil pesos, monto que puede parecer magro pero que golpea directamente al bolsillo del segmento de trabajadores más golpeados por la crisis. La recarga de una garrafa o de la tarjeta SUBE y hasta la compra de una porción de alimentos dependen de estos ingresos.
Ahora bien, la estocada del gobierno nacional no es simétrica en cuanto a las consecuencias generadas en las distintas regiones. La provincia de Buenos Aires es la principal perjudicada si se tiene en cuenta que, del padrón total, 450 mil “beneficiarios” residen en el territorio bonaerense. Además, en términos de circulante de dinero, el Estado Nacional termina haciendo un recorte de 35 mil millones de pesos al consumo provincial que se desarrolla principalmente en los barrios populares, sobre todo del Conurbano, donde se concentra gran parte de los trabajadores del programa.
Para peor, y desde la Provincia lo saben, cada retirada del Estado Nacional del territorio no hace otra cosa que profundizar la destrucción del tejido social y generar condiciones de posibilidad para el desarrollo del narcomenudeo y el asentamiento de grupos delictivos.
Los movimientos sociales en búsqueda de una salida
Las organizaciones territoriales fueron las principales apuntadas por el gobierno nacional desde los inicios de su gestión. Judicializaciones, represiones y el desmembramiento de la política pública del sector fue la estrategia desarrollada intensamente durante los primeros meses de 2024. El objetivo gubernamental era claro: desarmar los movimientos sociales.
Pese al retroceso en masividad y en niveles de confrontación callejera, las construcciones territoriales se mantuvieron de pie. Hecho demostrado el último 7 de abril cuando cientos de cortes y movilizaciones se desarrollaron en todo el país. La unidad fue total y no quedó ninguna organización afuera. En ciudades como La Plata el corte de la Autopista convocó a más de 3000 personas, un número nada desdeñable para tiempos donde la quietud obrera suele ser una característica llamativa de la etapa.
En algún punto Milei volvió a subir al ring a los piqueteros y estos respondieron. No se sabe hasta dónde durará la contienda, pero muchos dirigentes sociales se animan a aventurar que difícilmente las bajas del VAT sean revertidas por un oficialismo que, como en la reforma laboral, va a fondo con sus decisiones sin medir costos ni relación de fuerza. Por lo menos por ahora.
En ese marco y ante la intransigencia libertaria, los movimientos buscarán dar una salida al vacío que deja la baja del programa, a partir del cual se sostienen los comedores comunitarios y una serie de emprendimientos productivos en barrios, asentamientos y villas. Misma preocupación comparten varios intendentes que supieron “aprovechar” la desregulación del programa para incorporar beneficiarios a las cooperativas municipales, ahorrándose $78 mil del salario que eran cubiertos a través del ingreso del VAT
Si no se resuelve nacionalmente el conflicto, la tendencia natural es que la demanda se canalice hacia las gestiones provinciales y municipales. Todo pareciera indicar que Buenos Aires no será la excepción. Ante esta urgencia, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense no recibió ninguna partida extraordinaria hasta el momento, y si bien mantiene en funcionamiento el plan Barrios Bonaerenses, los fondos del mismo son insuficientes para tapar un buraco tan grande.
Más allá que las organizaciones terminen movilizando a diferentes carteras u organismos en búsqueda de una respuesta, lo cierto es que la magnitud del conflicto es irresoluble para un ministro o funcionario. La incógnita está en saber si Kicillof, como lo ha hecho ante otros ajustes libertarios, volverá a polarizar con el gobierno nacional anteponiendo la idea de un Estado presente desde la provincia de Buenos Aires. De ser así, cabe preguntarse si esto se reducirá a una denuncia pública o habrá una intervención en términos de política pública que, aunque difícilmente pueda reemplazar el volumen de los 400 mil VAT, al menos genere un paliativo a una situación social cada vez más apremiante. Hasta el momento ninguna de las dos opciones tuvo lugar en la agenda política provincial.
Por lo pronto, el próximo 5 de mayo cientos de miles de personas volverán a ir a los bancos con la esperanza de tener depositado el salario del VAT o en su defecto los montos correspondientes a los vouchers que confusamente anuncia Pettovello. Habrá que ver qué sucede si estos fondos no están y lo que hasta ahora era un potencial problema termina por constituirse como un real conflicto.
Fotografías por Damían Rico