La crisis generalizada no solo afecta a los más precarizados, sino también a los asalariados registrados que dependen de la gestión de Axel Kicillof. El último estudio de la Fundación Pensar, que está ligada al PRO, da un panorama crudo de la realidad social del país.
El 50% de la población vive bajo la línea de pobreza y un 26% fluctúa en el límite de ese umbral, que depende de pequeñas cosas caer o no caer en esa zona. Una suba del alquiler, un servicio, un gasto inesperado o salir una noche puede que sea peor o no tan mal ese mes. Un límite difuso, lo cual muestra la precariedad del día a día de millones de personas.
La provincia de Buenos Aires y su conurbano son protagonistas centrales de este deterioro en las condiciones de vida. La precariedad laboral lleva a una vida de conjunto precaria: en la salud, la educación, la vivienda, el financiamiento, etcétera. Establece una vida en los márgenes.
Ya son casi 5 de cada 10 personas las que trabajan en negro, en la informalidad o como monotributistas. La otra gran mitad tiene un trabajo con derechos, pero con salarios bajos, con lo cual el pluriempleo empieza a ser moneda corriente. Aquel asalariado que no le alcanza vende algo en la informalidad, el que changuea tiene varias y después recurre a las plataformas, que están saturadas y, en la ley del mercado, la oferta supera a la demanda, con lo cual no rinde.
El Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), dirigido por Rodrigo Zarazaga, realizó un estudio que mide la situación social y el posicionamiento político de los jóvenes en los barrios populares del conurbano. Su diagnóstico entre los jóvenes menores de 25 años y la percepción de la economía es alarmante: el 75% considera que su situación empeoró y el 60% admite que tuvo que recortar gastos en el consumo. Lo que creció en este sector es el endeudamiento: el 57% dice que ya lo hizo, de los cuales el 39% lo hizo en la informalidad, con el prestamista del barrio.
El salario estatal
La caída es generalizada y no solo atañe a quienes viven de forma permanente en la informalidad. El salario de los estatales que depende del Gobernador también sufre el ajuste.
En la administración de Kicillof ponen el foco en el gobierno de Milei y el recorte de recursos que, según el gobierno provincial, es de $22 billones de pesos. El problema para la gestión actual es que estos dos mandatos no salieron del ajuste fiscal que dejó Vidal, y sigue pagando su deuda que dejó como ancla.
El salario docente es de los más castigados. El gobierno nacional recortó el FONID, un fondo que iba directo al salario y, a su vez, la última paritaria docente de mitad de año es de solo el 7%. Acuerdo que se firmó por parte de los gremios, pero que llevó a CTERA, presionada por el descontento, a protagonizar un importante paro en el inicio de clases con alto acatamiento y una continuidad el día martes de las seccionales opositoras.
De acuerdo con los datos oficiales, en marzo de 2026 un docente de primaria de la provincia de Buenos Aires con 10 años de antigüedad cobró $891.493. Esto implica una caída del 22,7% con respecto al cuarto trimestre de 2019.
Con el último acuerdo, un docente de 10 años de antigüedad pasaría a cobrar en agosto lo siguiente: Maestro de Grado: $1.018.575; Preceptor: $885.901; Profesor: $1.380.137; Maestro de Grado de Jornada Completa: $2.037.149. De esta manera, la única opción para un trabajador del sector para llegar a la canasta familiar es la sobrecarga laboral o el pluriempleo. También hay que sumar al personal auxiliar de los colegios, quienes tienen un salario básico de $790.000 con la imposibilidad de tomar otro cargo.
El salario del personal de salud no es muy distinto en la decadencia. En el caso de enfermería, el básico del sector de piso y consultorios está en $1.160.387,33 y para obstetricia es de $1.247.895,44.
Un médico ingresante con una carga horaria de 36 horas semanales, guardia mínima y Bonificación por Trayectoria Formativa cobrará $1.774.450 en agosto. En tanto, un médico con dedicación exclusiva de 48 horas, $2.443.258 al mes siguiente. Por su parte, un residente de primer año que realice guardias en zonas de baja cobertura percibirá $1.751.382.
De conjunto, el cuadro muestra una fuerte pauperización de los asalariados y una tendencia a la baja en la que ser trabajador es sinónimo de pobreza. Es una decadencia que el gobierno de Milei busca instalar como normalidad, frente a un peronismo que se muestra impotente.
Esta realidad se impone en un contexto de inestabilidad política y sin garantías de continuidad para el plan económico. Con una conflictividad social en alza y elecciones en el horizonte, queda por verse si esta “normalidad” salarial llegó para quedarse o se revertirá en favor de los empleados.