El diputado de Nuevos Aires, Fabián Luayza, presentó un pedido de solicitud de informes para poner de manifiesto la situación de los monotributistas de la provincia de Buenos Aires en relación a la posibilidad de acceso a la cobertura de salud. La presentación se realizó poco después de la detallada descripción que hizo Uno Tres Cinco sobre la odisea de los pequeños contribuyentes que se ven obligados a elegir entre pagar una prepaga o atenderse en el sistema público de salud.
El legislador de Berazategui, junto a su par de bancada Viviana Romano, realizó una serie de consultas al Ministerio de Salud de la provincia, aunque aclara que es a partir de las modificaciones que introdujo en el régimen el Gobierno nacional, que generó que de las 200 obras sociales que se podían seleccionar antes de la desregulación, actualmente quedan solo 48 y buena parte de ellas no tiene atención en territorio bonaerense, ni siquiera en las grandes ciudades como La Plata.
Entre los puntos centrales, el diputado pidió que se informe la cantidad de personas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes que hayan recibido prestaciones médicas desde 2023 a la actualidad en hospitales y establecimientos sanitarios dependientes de la provincia de Buenos Aires, como así también la cantidad de prestaciones brindadas a personas inscriptas en el monotributo y el costo estimado de las mismas.
A través del texto, también demandó saber cuántas de esas personas contaban con un Agente del Seguro de Salud formalmente identificado y cuántas no pudieron acreditar una cobertura médico-asistencial efectiva.
En otros puntos, el expediente también apunta a conocer a cantidad de casos en los que personas inscriptas en el monotributo hayan recurrido al sistema sanitario público provincial manifestando no contar con prestadores, turnos, cartilla efectiva o cualquier otra modalidad de acceso material a las prestaciones correspondientes a su cobertura.
Además, pide detalles respecto de las prestaciones brindadas a los monotributistas, como qué cantidad y monto fueron facturados a Agentes del Seguro de Salud u otros obligados al pago mediante el Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) u otros mecanismos de recupero de costos.
“Recientemente hemos tomado conocimiento de datos que advierten sobre dificultades concretas para que nuevos monotributistas accedan a una cobertura efectiva en distintas localidades bonaerenses”, planteó el legislador. “Entre las situaciones señaladas se encuentra la existencia de agentes que formalmente reciben monotributistas pero que, en determinadas localidades, no contarían con una red de prestadores suficiente para garantizar el acceso efectivo a las prestaciones”, sumó.
En ese plano, Luayza esgrimió que la información solicitada permitirá establecer si “existe una diferencia entre la cobertura formalmente reconocida por el régimen nacional y la efectivamente disponible para los bonaerenses en sus lugares de residencia”. Asimismo, agregó que, de verificarse dicha situación, “será necesario evaluar posteriormente cuáles son las medidas que corresponde adoptar dentro del ámbito de competencia provincial y cuáles deberían ser requeridas al Estado Nacional para garantizar que los aportes efectuados por los monotributistas se traduzcan en una cobertura sanitaria efectiva, evitando que las consecuencias de las deficiencias del régimen nacional recaigan sobre los recursos y la capacidad de atención del sistema público bonaerense”.
Monotributistas y acceso a la salud, un problema que crece
En un detallado informe que publicó Uno Tres Cinco, la periodista Mariana Sidoti, dio cuenta de que hasta fines del 2024, los monotributistas podían seleccionar una obra social de un listado con más de 200 prestadores. Pagaban la cuota que, junto a las cargas impositiva y previsional, compone el pago de monotributo, y con más o menos inconvenientes lograban acceder al menos al servicio más básico, el Plan Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE). En octubre de ese año, con el decreto 955/2024 dictado por el Gobierno Nacional (firmado por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, y el ministro de Salud, Mario Iván Lugones), esto cambió.
El decreto creó el “Registro de Agentes del Seguro de Salud para la Cobertura Médico Asistencial de Pequeños Contribuyentes” en el ámbito de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), y las obras sociales (y también prepagas) debieron inscribirse voluntariamente en este registro si deseaban afiliar monotributistas. Esto comenzó a regir desde el 1 de diciembre de ese año. De las 200 antes disponibles, quedan poco más de 48, una caída del 76%: ya casi ninguna quería recibir monotributistas.
A su vez, mientras ese sector perdía la libre elección de obra social, las pocas prestadoras inscriptas en el Registro ganaron gracias al decreto la posibilidad de restringir el ingreso según la categoría del monotributo. Alegan que el valor del aporte es demasiado bajo, y en efecto, la mayor cantidad de monotributistas en Argentina se concentra en la categoría A, la más baja de todas y la que menos aporta.
En el decreto 955/24 no se exigen criterios territoriales de cobertura. Del listado de Agentes del Seguro que aceptan Monotributistas, la mayoría brinda prestaciones en capitales de algunas provincias, la CABA y el Gran Buenos Aires, donde se concentra geográficamente una importante población de monotributistas. Bahía Blanca, Mar del Plata y Avellaneda son localidades con aparente cobertura. Pero el resto -incluida la capital de la provincia- carece de prestaciones efectivas. Quienes buscan cobertura, entonces, terminan siendo contactados por promotores de prepagas como SanCor Salud, Avalian o Medifé, que en muchos casos triangulan con otras obras sociales para poder garantizar el PMO.